Si España tiene casi cinco millones de parados (4,33 millones inscritos en los servicios públicos de empleo) es por culpa de las leyes que regulan el mercado de trabajo, especialmente las que obligan a los empresarios a pagar a sus empleados más de lo que rinden sus negocios. Así lo cree el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ayer resumió en una frase su receta para acabar con la mayor tasa de paro de la historia del país.
«Bastaría con que los empresarios pudieran, al igual que en otros países desarrollados, ofrecer empleos con salarios acordes con su productividad a esos millones de desempleados, y que estos pudieran [...] decidir sobre unas ofertas que hoy los empresarios españoles ni siquiera pueden plantearles debido a la rigidez de nuestras singulares normas», dijo.
Ordóñez ostenta el cargo público mejor pagado de España. Gana 165.000 euros brutos al año, es decir, más del doble que el presidente del Gobierno, 7,5 veces el sueldo de un asalariado medio y más de veinte veces la retribución de un trabajador con el salario mínimo interprofesional (633,3 euros mensuales). El gobernador participó ayer en un encuentro del sector financiero en Madrid, en el que alabó las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno, pero en el que también advirtió de la necesidad de seguir profundizando en ellas. Sobre todo en la del mercado de trabajo.
«Por encima de todas las reformas, por su importancia y porque es en esa área en la que nos separamos más de los demás países desarrollados, se sitúa la reforma de unas instituciones laborales que son la causa del principal problema de nuestra economía: un marco que pone trabas a la creación de empleo y que incentiva a utilizar la destrucción de empleo», explicó.
El gobernador no matizó si, además de a la vinculación entre salarios y productividad, se refería a otras normas como las que establecen el salario mínimo interprofesional, las fórmulas de contratación o los costes del despido. Pero sí aseguró que una reforma completa que acerque a España a sus socios europeos permitiría «una recuperación del empleo más rápida e intensa», que redundaría «en un saneamiento de las cuentas públicas más fácil y una reducción de la morosidad que animaría la concesión de créditos».
La nómina de Ordóñez, como la del subgobernador y el resto de consejeros del Banco de España, la decide el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del propio Consejo del Banco, que no ha desvelado si en el cálculo se tiene en cuenta la productividad del cargo. Cuando deje su puesto, el gobernador no podrá trabajar durante dos años en el sector financiero, pero si no encuentra otro empleo tendrá un subsidio de 132.020 euros al año. La prestación contributiva media de un parado español (solo la cobran el 38% de los desempleados) no supera los 10.300 euros anuales.
«Bastaría con que los empresarios pudieran ofrecer empleos con salarios acordes con su productividad a esos millones de desempleados».
La Voz de Galicia.
miércoles, 6 de abril de 2011
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